Open Data

Habitualmente los datos que consiguen los gobiernos no tienen costumbre de compartirlos. No es que estos datos sean necesariamente secretos, muchas veces incluso han sido declarados explícitamente como públicos, pero se establecen todo tipo de obstáculos para que "el público" no llegue a ellos. Poco importa que se hayan conseguido con nuestros impuestos. Especialmente se oponen a ceder los datos en formatos informáticos que puedan ser reutilizables. Pero estas conductas chocan cada vez más con las exigencias de transparencia y una mayor conciencia de que los gobiernos no son los propietarios de sus datos.

En el 2003 una directiva Europea y en el 2007 una Ley del Estado Español  plantearon el problema, pero con poca repercusión en la práctica. Hace pocos días, en el Consejo del Gobierno Vasco, se resolvió ordenar el inicio del proyecto de apertura de los datos públicos.

En el comunicado después del Consejo de Gobierno se dicen entre otras cosas:

Así, el Gobierno se compromete a una efectiva apertura de los datos públicos que obran en su poder, entendiendo como tales todos aquellos no sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o propiedad. Y ofrecerá los conjuntos de datos bajo licencias de propiedad abiertas, que permitirán su redistribución, su reutilización y su aprovechamiento con fines comerciales. El propósito es aumentar la transparencia informativa, mejorar la interoperabilidad en el sector público, fomentar la innovación y generar riqueza mediante la puesta en valor de los datos públicos.

Esta medida la prometieron en la campaña electoral y parece que están dispuestos a cumplirla. Eso es una buena noticia. Felicidades consejera Mendia

Datos y carreteras

Los productos de la actividad del Estado son variados, hay desde carreteras a datos. Todo ello ha sido fabricado con el dinero que proviene de los contribuyentes. Lo lógico es que todos estos "productos" sean devueltos a la ciudadanía. Las carreteras las disfruta de una u otra manera todo el mundo. Aunque unos se aprovechan más que otros, no es lo mismo ser dueño de una flota de autobuses que viajar en uno de ellos. Pero las carreteras son eso que llamamos infraestructura y buena parte de la industria y economía desaparecería sin ellas. Tener buenas y adecuadas carreteras es una condición y también un índice de una buena economía.

¿Y los datos? Bueno algunos datos son personales y el Estado tiene la obligación de protegerlos. También hay otros datos que, por diversas razones, son confidenciales. ¿Y el resto de los datos? ¿Qué pasa con ellos? En general la ciudadanía no tiene acceso a ellos por diversas razones, desde incompetencia a secretismo. Sin embargo los datos son la gasolina de la industria de la información. Pero el Estado prefiere no repartir su conocimiento aunque eso suponga capar el desarrollo de una industria. Muchos sectores de la administración piensan que sus datos tienen un valor pero no intentan devolverselo a la ciudadanía.

En el mejor de los casos la administración ofrece un acceso a su información controlado por ellos mismos. Un ejemplo: el BOE. Es tal vez uno de los mejores servicios de acceso a datos de la administración española. Hay accesos a los boletines y lo cierto es que éste permite buscar la información en muchos casos. Sin embargo esos datos, que están ahí, podrían ser utilizadas por industrias de la información permitiendo un acceso mucho más creativo a sus datos ¿Cómo se podría hacer? Con un API (Application Programming Interface).

¿Qué es un API? es una interfáz de programación de aplicaciones. Ponerle un API a un servicio consiste en definir un procedimiento por el que un programa externo puede acceder a un servicio en la web, integrandolo en el propio programa externo. El ejemplo más citado de API, tal vez sea la API de Google Maps. Con ella se permite que uno pueda integrar un mapa de google en la propia aplicación, simplemente llamando a unas funciones definidas en el API. Si el BOE tuviera un API se podrían ofrecer otros servicios de valor añadido.

El Consejo del Poder Judicial permite el acceso a sus bases de datos, pero es él mismo quien establece un acceso capado a las sentencias. Si uno quiere un acceso completo lo mejor es que utilice un acceso de pago de una empresa privada. De modo que da la impresión que el CPJ da un servicio incompleto, para que así la empresa privada que da el completo pueda cobrar por ello. Si el acceso a los datos fuese a través de un API, cualquier empresa podría montarse un acceso a los datos y toda la creatividad informática en competencia estaría en disposición del público.

Si queremos una administración transparente hay definir APIs a esos datos para que puedan ser reutilizados.

Un documento, una presentación y una discusión sobre estos temas se puede ver en este post de alorza que es muy interesante