Presuntos culpables

La reciente sentencia sobre Egunkaria, que ha absuelto a sus dirigentes,  termina con la situación kafkiana creada por una llamada acusación popular. Estas acusaciones populares se están convirtiendo en muchos casos en un sistema para aplicar la "pena de enjuiciamiento" a gente que luego no es declarada culpable. Tenemos la pasada acusación contra  Patxi López e Ibarretxe sobre los contactos con Batasuna o el actual encausamiento del juez Garzón. Las medidas cautelares que puede determinar un juez antes de la sentencia suponen una pena de hecho ¿Quién puede reparar el daño del cierre del Egunkaria o si el juez Garzón es encausado y luego absuelto, la separación del servicio?

La sentencia comporta asuntos muy interesantes que desde luego refuerzan la idea del estado de derecho. Comentaré uno de ellos. En el apartado  Fundamentos de derecho de la sentencia se dice

"Por último, en la valoración de las declaraciones de los procesados tiene especial relevancia que las denuncias de estos sobre malos tratos y torturas sufridos durante la detención incomunicada –que fueron relatadas con detalle en la vista oral y antes ante el instructor y objeto de denuncia en los tribunales- son compatibles con lo expuesto en los informes médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención, si bien el Tribunal no puede llegar a conclusiones jurídico penalmente relevantes sobre el particular salvo constatar que no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación."

El juez solo dice lo que puede decir: que había señales apreciadas por los forenses en los encausados y que las torturas que denunciaron los acusados son compatibles con ellas. Lo cual, en lenguaje de la calle, quiere decir que o bien los encausados se practicaron autolesiones con una extraordinaria habilidad hasta el punto de dar el pego a los forenses (lo que parece poco probable) o simplemente fueron torturados.

El juez no resuelve formalmente esta dicotomía, por más que la sentencia trasluzca cual puede ser su convicción íntima. Pero si señala por qué no puede resolverla desde el punto de vista jurídico:

"no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación."

Así la sentencia transforma a los guardias civiles encargados de los interrogatorios, a todos ellos, en presuntos culpables. Si hubo alguno que no participó en los malos tratos tampoco podrá probar su inocencia.

Aunque se han realizado algunos avances, establecer un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación sigue siendo una asignatura pendiente. El que no existan estos controles en muchos casos impide también que los propios policías puedan demostrar su inocencia. Eso no contribuye a que los ciudadanos sientan confianza en sus defensores de la ley.